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OPINIÓN

Opinión | En la disputa energética en México, AMLO ganó sin la reforma constitucional

Rodrigo Benedith es un economista mexicano especializado en la industria energética y el comercio internacional.

Son cuatro cosas las que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia energética: la transición a energías limpias, la nacionalización del litio como mineral estratégico, cancelar los contratos de regímenes anteriores con empresas privadas y la reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecerla como operadora del Sistema Eléctrico Nacional.

Después de la votación en la Cámara de Diputados el 17 de abril, ni la transición ni la reestructuración fueron posibles al no obtenerse las dos terceras partes de los votos a favor de la reforma propuesta por el presidente, pero lo obtenido no es poca cosa.

Sobre todo, porque se dieron fallos importantes además de la discusión en el poder Legislativo: una semana antes de la votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó una acción de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Además, un día después de la discusión, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Minera que regula lo que originalmente estaba planteado en la reforma constitucional que no se aprobó. ¿Qué margen tiene ahora el poder Ejecutivo para implementar su política energética después de las decisiones tomadas por los otros dos poderes del Estado?

El diagnóstico sobre el cual AMLO diseñó su política energética fue que la reforma constitucional de su antecesor, Enrique Peña Nieto, aprobada en 2013, conducía a la desaparición de la empresa pública de electricidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle beneficios ilimitados al sector privado, lo que terminaría con el debilitamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y con la seguridad energética del país.

Para corregir las fallas creadas por esa reforma, empezó a utilizar instrumentos administrativos. En mayo de 2020, cuando por la pandemia se redujo drásticamente la demanda eléctrica, emitió un acuerdo de la Secretaría de Energía (SENER) sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN. Con este se limitaba la interconexión de las nuevas centrales de energías renovables —sol y viento— a la red de transmisión debido a que, ante la caída de demanda, la intermitencia y variabilidad generada por ese tipo de centrales comprometían la confiabilidad entera del sistema.

En paralelo a dicho acuerdo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió dos resoluciones para incrementar las tarifas de interconexión para las Sociedades de Autoabastecimiento, eliminando los subsidios que les permitían pagar 70% menos que a cualquier otro generador, la premisa era reducir las pérdidas financieras de la CFE.

Aunado a esto, y haciendo uso de su mayoría en el Congreso a inicios de 2021, el Ejecutivo pasó una reforma a la LIE que retomaba elementos del acuerdo de política de confiabilidad de la SENER y ampliaba los alcances del Poder Ejecutivo para dotar a CFE y a la CRE de más herramientas.

Tanto el acuerdo de la SENER como las resoluciones de la CRE fueron impugnadas en juzgados, interponiendo juicios de amparo para dejarlas sin efecto.
Hay que dejar muy claro que la SCJN no declara constitucional las reformas a la LIE, sino que solo desestima la acción presentada contra ella. Con esto deja, por así decirlo, abiertos los juicios que se habían presentado contra sus efectos, para que sean los jueces quienes definan caso por caso. Y, por supuesto, no hay que descartar más litigios por venir.
Sin embargo, al mismo tiempo le da oportunidad a la CFE de implementar inmediatamente los beneficios que le otorga esta ley.

Para empezar, le dio a la empresa estatal, en su calidad de suministrador único de los hogares mexicanos, la posibilidad de contratar energía fuera de las subastas de largo y mediano plazo, algo a lo que estaba obligada por la reforma de 2013.

Antes, la reforma de Peña Nieto obligaba a CFE a comprar su electricidad en subastas de generadores que entregaran una cantidad anual, pero sin definir plazos de entrega. CFE, como encargada de la entrega final a los más de 50 millones de hogares mexicanos, era quien asumía la responsabilidad si los generadores no entregaban y debía comprar más respaldo para no dejar sin energía a los consumidores. Con la decisión de la SCJN, ahora es el generador quien se compromete a entregar la energía en una fecha y hora concreta y, de no cumplir, debe contratar la electricidad a otro generador para entregarla a la CFE.

Por otra parte, la vigencia de la LIE otorga a la CRE la capacidad legal de revisar exhaustivamente si las Sociedades de Autoabastecimiento están cometiendo fraude a la ley; es decir, si violan la prohibición de vender, revender o enajenar energía eléctrica a terceros.
Según la CFE, de 249 permisos de Sociedades de Autoabastecimiento, unas 110 llevan a cabo una operación ilegal. En 2004, la Auditoría Superior de la Federación hizo una revisión de estos permisos, determinando que las tarifas que se le cobraban por transmisión y respaldo eran demasiado bajas, y que existía una posible simulación de socios para vender la electricidad. Las acciones ya tomadas por la CRE se van a definir en juzgados y podrían llegar otra vez a la SCJN. En este sentido, López Obrador ha llamado a la negociación para evitar más litigios.

Si a esto se suma la aprobación de las reformas a la Ley Minera, lo único que quedó pendiente en la agenda presidencial es devolver a la CFE su carácter de organismo estatal, en lugar de empresa productiva del estado, y regresar a su integración vertical para recomponer su operación y viabilidad financiera, de modo que pueda invertir en expandir las líneas de transmisión y distribución, manteniendo precios bajos y estables, como mucha de la literatura sobre economía de la energía ha demostrado.

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Sin embargo, uno de los temas más damnificados con todo esto es la llamada transición energética, pues no quedó plasmada a nivel constitucional como pretendía la propuesta del presidente, y los incentivos desordenados que promovió la reforma de 2013 quedaron parcialmente cancelados, como los CEL y la prioridad en el despacho de las centrales renovables.

Por último, el elefante en la sala sigue siendo la seguridad energética de México, sobre todo por la dependencia del gas que proviene de Texas, Estados Unidos. Para ello, la CFE planea proyectos de almacenamiento, habilitación de puertos para recibir buques de gas natural licuado (GNL) y plantas de regasificación. Además, si entendemos la seguridad energética como un suministro continuo, ininterrumpido y a precios estables a largo plazo, la realidad es que un mejor esquema es que la CFE pueda comprar a sus propias plantas de ciclo combinado y que realice contratos de cobertura en la compra de este combustible, tanto a Texas como a proveedores de GNL de otros países.

Lo que ha quedado en evidencia es que la apuesta de AMLO por la soberanía y seguridad energéticas del país no iba a depender solo de una reforma para la que se requerían dos tercios del Congreso. La ruta energética propuesta sigue su cauce y, aun sin dicha reforma, AMLO ganó en la disputa por la energía en México.

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