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¿Podrá la sociedad mexicana reconocer un pasado represivo sin sesgos partidistas? – Nexos
Tras posponer por casi tres años el lanzamiento de un proceso de justicia transicional para atender una larga historia represiva, el pasado 6 de octubre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar, mediante un decreto presidencial, un proceso acotado que atiende a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la “guerra sucia” entre 1965 y 1990. El decreto crea una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por graves violaciones de derecho humanos, la cual estará a cargo de cinco mecanismos: verdad, justicia, búsqueda de personas, reparación y memorialización. Si bien las organizaciones de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia jugaron un papel notable para impulsar este proceso y han sido consultadas en todo momento, la Comisión está dominada por el Ejecutivo federal ya que está compuesta por seis funcionarios públicos con voto y cinco expertos independientes que colectivamente cuentan con un voto.
México inicia su proceso para mirar una parte de su largo pasado represivo en un contexto de enorme polarización política, alimentada cotidianamente por el propio presidente y retroalimentada por la oposición partidista. Estamos ante una situación en la que un gobierno emanado de la izquierda estará al frente de mecanismos de verdad y justicia para esclarecer y castigar atrocidades cometidas por Fuerzas Armadas y de seguridad que estuvieron bajo el mando de gobiernos de uno de sus principales partidos opositores, el PRI, que, junto con el PAN y el PRD, constituye el principal polo opositor de derecha del gobierno actual.
Las experiencias internacionales muestran que los procesos de justicia transicional son más exitosos cuando sus quehaceres y resultados son respaldados por amplios sectores sociales y no sólo por un polo de la sociedad. Es por ello que ha ganado terreno la idea de que estos ecosistemas de justicia sean políticas de Estado, sustentadas en un marco legal aprobado por el Poder Legislativo, e independientes del gobierno en turno o de cualquier fuerza partidista; que operen reconociendo la centralidad de las víctimas y se manejen con total apertura y transparencia y un alto grado de participación y amplia movilización social.
En el contexto actual de aguda polarización, es vital preguntarnos si una Comisión dominada por el Ejecutivo podrá trascender divisiones ideológicas, honrar los derechos de las víctimas y dotar a la sociedad mexicana de una narrativa sobre una larga historia de violencia.
Para responder a estas preguntas realizamos una encuesta en línea con 2057 mexicanas y mexicanos en las primeras dos semanas de agosto de 2021. Nuestro análisis de las respuestas muestra que, en el contexto actual de polarización, las afiliaciones partidistas guían las preferencias ciudadanas sobre la justicia transicional. Mediante un experimento mostramos, no obstante, que los efectos nocivos de la polarización se pueden mitigar cuando los colectivos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos —los cuales son vistos por la ciudadanía como organizaciones independientes de partidos y gobiernos— toman la batuta de estos procesos. 
Ilustración: Patricio Betteo
La encuesta fue realizada en los días posteriores a la consulta nacional sobre rendición de cuentas del 1 de agosto de 2021. Nos basamos en una muestra poblacional balanceada que refleja la composición del país en términos regionales, de género, edad e ingresos, como se reportan en los censos nacionales. Preguntamos por el apoyo a comisiones de verdad, juicios a expresidentes y Fuerzas armadas, y reparación a víctimas de la violencia política del pasado (1965-2000) y a víctimas de la violencia político-criminal asociada a la “guerra contra el narcotráfico” (2006-2018).
Las respuestas muestran niveles altísimos de apoyo ciudadano a los diferentes mecanismos de justicia transicional que oscilan entre el 77 y 85 %. Los mecanismos que despiertan mayor apoyo son los de verdad y justicia, y las actitudes favorables son igualmente altas cuando preguntamos por la violencia política del pasado o por la violencia de décadas recientes.
Los resultados de diferentes modelos estadísticos, reportados en la Figura 1, muestran que las afiliaciones partidistas condicionan las preferencias por diferentes mecanismos de justicia transicional. Los valores a la derecha de la línea de cero sugieren apoyo y los valores a la izquierda, rechazo; para que una variable sea estadísticamente significativa, los intervalos de confianza —es decir, los brazos del punto— no deben cruzar la línea del cero. Como se puede observar, los ciudadanos autoidentificados con Morena son más proclives a apoyar mecanismos de justicia transicional y los panistas y priistas suelen rechazarlos, en especial los juicios a expresidentes. Es posible que la oposición vea a la justicia transicional como un proyecto partidista del presidente o que simplemente se nieguen a investigar y juzgar atrocidades cometidas durante los gobiernos de sus correligionarios del PRI y del PAN.
Figura 1. Determinantes del apoyo a mecanismos de Justicia Transicional
Fuente: Datos propios generados a partir de una encuesta en línea original con 2057 mexicanas y mexicanos realizada en agosto de 2021
Los resultados también indican que las mujeres, los jóvenes, las personas de izquierda y quienes confían más en el Ejército son más proclives a apoyar mecanismos de justicia transicional. Este último resultado, aparentemente contradictorio, muestra que la ciudadanía puede exigirle cuentas a las instituciones en las que confía.
Para evaluar si es posible trascender los sesgos partidistas, realizamos un experimento mediante el cual medimos si un llamado de los colectivos de víctimas, un mensaje del presidente, conocer la identidad del perpetrador (presidentes y gobernadores; militares o policías), saber del tipo de crímenes (corrupción, violaciones de derechos humanos o colusión), o conocer el apoyo mayoritario de los votantes que participaron a favor de la consulta del 1 de agosto (versus la baja participación electoral) motivaría a la gente a cambiar sus preferencias por la justicia transicional. Aplicamos cada una de estas cinco infusiones de información aleatoriamente a distintos grupos de ciudadanos.
Los resultados en la Figura 2 muestran que el llamado de los colectivos de víctimas a esclarecer el pasado motivó un mayor apoyo ciudadano a comisiones de verdad, pero no fue así para los juicios a expresidentes y para la reparación a víctimas. Aunque no se muestra en la figura, el efecto positivo de la voz de las víctimas es igualmente significativo* al preguntar por una comisión de la verdad sobre la represión política del pasado que sobre la violencia político-criminal de la “guerra contra el narcotráfico”.
Figura 2. Resultados del experimento sobre apoyo a Justicia Transicional 
Fuente: Datos propios generados a partir de una encuesta en línea original con 2057 mexicanas y mexicanos realizada en agosto de 2021
Quizá el resultado más trascendente es que el impacto positivo del llamado de los colectivos de víctimas surte efecto entre ciudadanos independientes (sin afiliaciones partidistas) y entre opositores, incluidos priistas y panistas. Un análisis en una encuesta posterior nos ayuda a entender este efecto: el 67 % de los mexicanos ve a los colectivos de víctimas como organizaciones independientes, sin sesgos partidistas. La centralidad de las víctimas contribuye a mitigar y trascender la polarización y dota de legitimidad social a la justicia transicional porque su independencia evita que estos procesos se desvirtúen y disipa sospechas de que la revisión del pasado estará motivada políticamente.
Nuestro resultados sugieren que si el presidente y el gobierno desean que prospere el trabajo de la Comisión deberían ceder el liderazgo y la conducción del proceso de justicia transicional a las víctimas y a las y los comisionados recientemente electos, abriendo a su vez el proceso al acompañamiento de colectivos de víctimas de la violencia político-criminal de años recientes como de especialistas de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. Aunque el proceso haya iniciado mediante un decreto presidencial, podrían generarse normas internas de procedimiento que cambien la correlación de fuerzas en la Comisión a favor de comisionados y víctimas, dotándolos de la autonomía necesaria que se requiere en estos procesos.
El empoderamiento y la autonomía de las víctimas y los comisionados son necesarios para evitar que el Ejecutivo intervenga en la revisión del pasado cuando, de los miles de testimonios, los archivos y los estudios de los patrones de las atrocidades, surja evidencia muy comprometedora para las Fuerzas Armadas. Que el presidente las haya convertido en su principal aliado político es un arma de doble filo: podría darle la legitimidad de exigirles que cooperen, pero también podría hacerlo renuente a lesionar a su principal aliado político. Las constantes vacilaciones del presidente sobre un proceso de justicia transicional, y su insistencia en el “perdón” y el “borrón y cuenta nueva”, hacen de su alianza con el Ejército —principal perpetrador de las graves violaciones de derechos humanos de la “guerra sucia”— uno de los posibles grandes obstáculos para la verdad y la justicia.
Finalmente, abrir el proceso de justicia transicional al acompañamiento de los colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” podría ayudar a subsanar su exclusión del ecosistema de justicia creado por decreto presidencial. La voz activa de estos colectivos motivaría a la Comisión a construir los cimientos informativos para que futuros procesos de verdad rastreen las continuidades de la violencia política del pasado autoritario con la violencia político-criminal y las graves violaciones de derechos humanos de las últimas décadas en democracia.
Si el gobierno de López Obrador desea romper con una larga historia de simulaciones en la implementación de mecanismos de verdad y justicia, debería estar dispuesto a que el proceso que inició mediante un decreto presidencial se transforme en una política transexenal de Estado. Una política que, con las víctimas al centro, trascendiera filias y fobias partidistas, atendiera a los cientos de miles de víctimas del país de los últimos cincuenta años y dotara a la sociedad mexicana de una narrativa que oriente profundas reformas institucionales para salir de la larga noche de violencia en la que el país se encuentra atrapado.
Natán Skigin
Doctorando en ciencia política de la Universidad de Notre Dame e investigador del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en el Kellogg Institute
Guillermo Trejo
Profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en el Kellogg Institute
* La versión original, por error, decía “más significativo”.
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